Plataforma Afectados por La Hipoteca Madrid

Un año después de tomar las plazas nos sobran las #RAZONES12M15M para volver a salir junt@s a la calle:

Los desahucios han alcanzado un cifra récord en 2011( http://ow.ly/aKZMM ). El Gobierno del PP se dedica a consensuar decretos de buenas prácticas con las entidades financieras que menosprecian a los cientos de miles de personas afectadas a las que quieren continuar estafando para mantener intactos los beneficios del 1% y sólo sirven para lavarse la cara en los medios de comunicación ( http://ow.ly/aL02B).

Pese a todo ello, y también pese a los intentos de criminalización de la gente que piensa, se organiza y actúa unida para revertir esta situación( http://ow.ly/aL08y ), la PAH sigue adelante con más fuerza que nunca para hacer efectivas las 3 propuestas de mínimos que nos permitan dejar atrás la burbuja inmobiliaria y empezar a hacer efectivo el derecho a la vivienda: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social.  Con la puesta en marcha de la ILP hipotecaria con la que queremos recoger al menos 500.000 firmas  ( http://ow.ly/aL0hC ) vamos a volver a llevar esa propuesta al Congreso, para que se den cuenta una vez más que sus políticas no nos representan y que queremos un cambio de ley YA!

Llevamos cuatro años de crisis, cuatro años de estafa, en los que no sólo vemos todo lo anterior, sino que asistimos a un desmantelamiento de la sanidad y la educación pública, un trasvase de dinero público hacia entidades financieras privadas, un empobrecimiento de la población, un cada vez más desigual reparto de la riqueza y sufrimos una clase política que, en general, no tiene en cuenta a la ciudadanía.

El 12 de Mayo todas las PAHs del territorio saldremos a las calles de forma pacífica para recoger miles de firmas y exigir el derecho a la vivienda: Porqué SOMOS EL 99% y estamos comprobando que JUNT@S PODEMOS!

Nos vemos en las calles el próximo 12M. Consulta hora y lugar de la convocatoria en tu ciudad: http://ow.ly/aKgpe

 ¡El PUEBLO ES LA SOLUCIÓN!

Desde que en 2007 estalló la crisis, más de 350.000 familias han sido víctimas de un procedimiento de desahucio. Lejos de adoptar las medidas necesarias para frenar este drama que afecta a los sectores más desprotegidos de la población, las administraciones públicas españolas están centrando todos sus esfuerzos en aplicar severos recortes sociales que vuelven a caer en las familias más desfavorecidas al tiempo que destinan dinero público para sanear las cuentas de unas entidades bancarias que, amén de representar un papel nuclear en el origen de la crisis, acumulan miles de viviendas vacías mientras siguen reclamando deudas millonarias a las familias desahuciadas.

Las plataformas de afectados por la hipoteca y el movimiento 15M continúan trabajando con la firme determinación de frenar una injusticia que atenta contra derechos fundamentales. Solo en Madrid, ambos movimientos harán frente, la próxima semana, a ?? desahucios. En el plano propositivo, lanzarán la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular por la regulación de la dación en pago que las PAH de otras regiones del Estado iniciaron hace unos días con tres actos: una asamblea informativa dirigida a los fedatarios que tendrá lugar el lunes 7 de mayo a las 19h en el Centro Social La Tabacalera (C/ Embajadores) y una rueda de prensa y la escenificación del inicio de la recogida de firmas en la Puerta del Sol, el jueves 10 de mayo.

Con 22.370 personas inscritas en las oficinas de empleo en el mes de marzo, Carabanchel es, tras Puente de Vallecas, el distrito de la capital con mayor número de parados. Entre ellos se encuentra Luis Gonzalo Quisilema, español de origen ecuatoriano que reside en uno de los barrios más humildes de Carabanchel y de la ciudad, Pan Bendito. Como le sucede a decenas de miles de personas en toda España, al problema del desempleo debe añadir otro no menos importante y que tiene relación directa con aquel: el riesgo a perder su única morada. Gonzalo, que vive con su mujer, Teresa Margoth, una sobrina y el bebé de ésta, de seis meses, perdió su empleo de carpintero en 2008, tres años después de comprar un piso en el número 31 de la calle Carcastillo. Poco después tuvo que dejar de pagar unas letras que habían pasado de 850€ mensuales a 1.300€ al mes y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), del Grupo Santander, que le había concedido el préstamo hipotecario, llevó el caso a los tribunales. En el marco del consabido proceso de ejecución hipotecaria, la entidad financiera se hizo con la vivienda en subasta judicial y el próximo lunes 7 de mayo tratará de tomarla en posesión, dejando a la unidad familiar literalmente en la calle.

Este nuevo hogar malvive con los 425€ al mes de subsidio que percibe Gonzalo y los 380€ que gana Teresa gracias a un contrato de media jornada como limpiadora. La mujer tiene una minusvalía reconocida del 45% por una dolencia en las cervicales. Debido a una ley hipotecaria redactada para proteger los intereses de las entidades financieras y no a las familias, la pareja (junto a una madre y su bebé) no solo corre el riesgo de perder su único techo sino que se quedará con una deuda de unos 100.000€, una cifra que puede convertirse en vitalicia. 

Eduardo, como tantos otros ciudadanos en la época de teórica bonanza, se embarcó en un crédito hipotecario por un importe de 268.000 € en el año 2006. En ese momento, tanto su mujer como él tenían un trabajo estable y podían hacer frente a la cuota que originalmente les ofreció la entidad (1.200 euros al mes). En 2008 empiezan los problemas asociados con la burbuja inmobiliaria y su empresa, que se dedica al sector de las mudanzas, empieza a adeudarle varios salarios impagados. Además, la cuota alcanza ya los 1.700 euros. Ese mismo año, Eduardo intenta negociar con el banco una moratoria, o la posibilidad de la dación en pago de la vivienda, pero la entidad se niega en redondo, por lo que en 2009 Eduardo tiene que dejar de pagar las cuotas al quedarse definitivamente sin empleo.

Actualmente la pareja está subsistiendo con la ayuda mínima del INEM de 450 €, con el agravante de que tienen un hijo cursando estudios universitarios que no percibe ningún tipo de beca.

Agustine Igbinidu, de origen nigeriano, vive en un modesto piso de Fuenlabrada con su compañera y sus dos hijos, un bebé de 10 meses y un niño de 2 años. Es su único hogar. Y el próximo martes 8 de mayo pueden perderlo si el juzgado, a instancias de Banesto, cumple su propósito de ejecutar un desahucio que ha fijado para las 9h30. Para que esto no suceda, la PAH y la Asamblea del 15M de la localidad han convocado una acción que comenzará dos horas antes en el portal de la vivienda amenazada, en el número 23 de la C/San Joaquín. La familia de Agustine no tiene alternativa habitacional y nosotros no estamos dispuestos a que, por la avaricia de la banca, se queden en la calle. Este hogar de Fuenlabrada se enfrenta a su segundo lanzamiento. El primero, que se fijó para el pasado 27 de octubre, se suspendió por un defecto de forma.

Al igual que hicieron muchos migrantes en esos años, Agustine se instaló en 2002 en España para buscar trabajo, algo que en aquella época no resultó difícil. Se incorpora a una fábrica de cristal, Vitroglass, pero ésta sufre las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y en 2008 despide a más de 60 trabajadores, Agustine entre ellos. Un año antes había comprado su actual vivienda por 235.000 euros gracias a una hipoteca de Banesto. Pero cuando se queda en paro deja de pagar las mensualidades y pronto el banco promueve el proceso de ejecución hipotecaria. Tras quedarse con la vivienda por el 50% de su valor en una subasta que queda desierta, el banco le sigue reclamando una deuda de 117.000 euros, una cifra imposible para una familia que solo percibe, como ingresos, 426 euros de ayuda social.

Cerca de la mitad de la población de República Dominicana vive en la pobreza y, un tercio de esta, en situación de extrema pobreza. De esa realidad quiso escapar, hace 11 años, Jael Novaz que, como miles de compatriotas, eligió España como destino para labrarse un futuro digno. 

Ya en Madrid, Jael comenzó a trabajar de camarera, un trabajo que le reportaba un sueldo mensual de cerca de 800 euros. Ya en 2004, animada por un empleo que parecía estable, quiso comprar con su tía y su tío, residentes también en Madrid, una vivienda en el madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde. La suma de sus nóminas y la de su compañero Danilo, trabajador de la construcción, les permitió obtener una hipoteca por valor de 156.000 euros del Banco Guipuzcoano por la que pagaban una letra mensual de 870 euros que, con el tiempo, alcanzó los 1.086 euros, una cantidad que continuaron pagando puntualmente.

El estallido de la crisis, sin embargo, supuso un duro azote también para esta familia: todos se quedaron sin empleo salvo Jael. Su tía y su tío volvieron a su país. En la calle Benimamet quedaron Jael, Danilo y sus dos hijos, de 5 y un año. Los ingresos familiares, de 800 euros, apenas alcanzaban para mantener a esta joven familia, de manera que intentaron renegociar las condiciones de la hipoteca. El Banco Guipuzcoano no accedió en ningún momento a ofrecer una moratoria en el pago. Poco después se adjudicó la vivienda hipotecada y procedió a ordenar el desahucio.
Con su familia a miles de kilómetros de distancia, Jael y su familia carecen de alternativa habitacional.

Uddin y Hafiz compraron hace tres años un piso de 40 m2 que el banco tasó en nada menos que 248.000 euros, y donde viven muy modestamente junto a sus familias. Hace unos meses, Hafiz perdió su empleo, y Uddin, al que tras bajarle el sueldo gana poco más de 1.000 euros por su trabajo como camarero en un restaurante, no pudo afrontar él solo el pago de las cuotas hipotecarias impuestas por el banco, que ascendían a 1.500 euros al mes.

El banco se quedó con la casa por 151.000 €, el 60% del precio que según sus tasadores valía, reclamándoles una deuda pendiente de 235.000 € entre el capital pendiente de la hipoteca, intereses, costas, etc., casi la misma cantidad que le concedió por la hipoteca. Un negocio redondo que convertirá a estas dos familias en sus esclavas de por vida.

Todos los intentos realizados para abrir una negociación con Banesto han sido en vano hasta el momento, negándose incluso a mantener una reunión. El pasado mes de marzo un grupo de vecinas y vecinos conseguimos frenar el primer intento de desahucio de esta familia.

En la calle de la Imagen, en pleno barrio de Entrevías, viven Omar Kanate, su mujer, embarazada de cinco meses, y su hija, de dos años de edad. Subsisten con los 426€ de subsidio de desempleo que percibe este trabajador de origen maliense que llegó a España en 2003 con el fin de labrarse un futuro más digno que el que le esperaba en su país. Después de trabajar en una fábrica de ladrillos y de peón en la construcción, en mayo de 2008, dos años después de comprar el piso de Entrevías, se quedó sin empleo. Con una letra que subió hasta los 1.280€ Oumar se vio incapaz de seguir pagando a Banesto, que posteriormente activó en el juzgado el consabido proceso de ejecución hipotecaria y se hizo con la vivienda por un 50% del valor de tasación. Sin un lugar alternativo donde residir, esta familia lucha por mantenerse en su casa con un alquiler social y por la condonación de una deuda que no podrá pagar en la vida.

Hasta el momento, Banesto no ha accedido a negociar con la familia. El pasado 16 de abril intentaron dejarles en la calle, pero un grupo de personas solidarias lo impedimos. El próximo 11 de mayo volverán a intentarlo, por lo que ¡¡tenemos que redoblar los esfuerzos!! porque… siempre vuelven con fuerzas renovadas y con dotaciones policiales “extra”, como si la solidaridad fuera un delito.

En 2007, Galo y Sandra, que viven en ella con su hijo Eduardo, de 20 años, compraron una modesta vivienda en el número 12 de la calle Ezequiel Solana, en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal). La Kutxa, la Caja de Ahorros de San Sebastián, no puso problema alguno en concederles un préstamo hipotecario de 335.000 euros a pesar de sus sencillos empleos. Él trabajaba como albañil. Ella, como peluquera. Según relata Galo, de origen ecuatoriano, “firmamos una letra de 1.420 euros mensuales con el compromiso de que la Kutxa la rebajaría dos años después, pero esto nunca sucedió”. Ambos se quedaron sin trabajo hace tres años y empezaron los problemas para afrontar las mensualidades: “pagábamos lo que podíamos, pero cuando tratamos de negociar cómo afrontar los picos que íbamos acumulando mes a mes la caja ya había llevado el caso a los tribunales”, indica Galo. En el marco del proceso de ejecución hipotecaria, la Kutxa se hizo con la casa por el 50% de su valor de tasación en una subasta desierta, de tal forma que en estos momentos la familia no solo ha perdido su propiedad sino que sigue teniendo una deuda de 205.000 euros. Los tres miembros de la unidad familiar se encuentran actualmente en paro y carecen de cualquier tipo de ingreso. Sobreviven gracias a la ayuda que les presta la hija mayor, ya emancipada, que percibe un salario de 700 euros. Sin otro lugar donde residir, la Kutxa, que se ha negado en todo momento a negociar la dación en pago, está arrojando a la marginación y exclusión social a una nueva familia madrileña.

El próximo lunes día 7, a las 19:00 en el CSA Tabacalera (Calle Embajadores 51, Metro y Cercanías Embajadores, Nave Central), tendrá lugar el acto de presentación de la ILP por la Dación en Pago, paralización de los desahucios y alquiler social.

En este acto se informará de la ILP, se solucionaran dudas, y se daran ideas sobre como trabajar y coordinarse en Madrid. Este acto está dirigido principalmente a los y las fedatarios y a la gente interesada en serlo.

Si quieres hacerte fedatari@, haz click aquí para tener mas información.

A continuación se muestra mapa para llegar al CSA Tabacalera:

Ver mapa más grande

Video sobre la la mala praxis de la Central Hipotecaria del Inmigrante

“Mañana tenemos que darlo todo para evitar el desahucio de Luisa. Es el segundo intento e Ibercaja no quiere saber nada ni negociar ninguna solución más justa. Así que creemos que habrá un amplio despliegue policial como ya ocurrió la pasada semana con Luciano. Que no se repita la historia. Tenemos que luchar y conseguir que nuestra compañera se quede en su casa. Porque desde que se unió al grupo de Vivienda de nuestra Asamblea ha estado trabajando incansablemente por todas y cada una de las personas que tenían el mismo problema que ella”. De esta manera arranca la convocatoria de Stop Desahucio que ha preparado la Asamblea Popular de Carabanchel (15-M), algo que suscribe punto a punto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Como sucede en el colectivo de barrio, Luisa Pinales es uno de los principales activos de la plataforma: no se pierde un solo desahucio, acción o asamblea promovida por esta. Su solidaridad parece no tener límites. Pero estos valores no parecen haber hecho mella en los responsables de Ibercaja, que a pesar de los numerosos intentos de negociación, siempre se han negado a buscar una salida digna para ella, algo que pasa por concederle la condonación de su deuda y un alquiler social. Este hecho, unido a que el de mañana es el segundo intento de desahucio (el primero se consiguió paralizar el pasado 6 de marzo), hace presagiar un numeroso dispositivo policial, por lo que la PAH y la asamblea han redoblado su habitual llamamiento para parar el desalojo. En este marco, han convocado una acción de resistencia no violenta y cívica a partir de las 7h30 ante el edificio amenazado, que se encuentra en el número 16 de la calle Mochuelo.

Como decenas de miles de “deudores de buena fe” desde que comenzó la crisis, Luisa dejó de pagar las letras de su hipoteca cuando se quedó sin trabajo, en 2008. Sin embargo, siguió pagando la parte que sus escasos ingresos le permitían cubrir, un gesto que a su banco no le impidió trasladar el caso a los juzgados e iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Como la mujer era autónoma, ni siquiera ha podido percibir una prestación por desempleo. Ibercaja se hizo con la vivienda por el 50% de su valor de tasación en una subasta judicial que quedó desierta y desde entonces le reclama una deuda de unos 200.000€, una auténtica condena vitalicia. Luisa malvive actualmente gracias al precario sueldo de su hija, que apenas alcanza los 700 euros.

La PAH-Madrid, que no está dispuesta a que más familias se queden en la calle por no poder afrontar su hipoteca, exige a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos y no de las entidades financieras. Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. Exigimos ayudas de verdad a las familias, no queremos meras “recomendaciones” a la banca para evitar desahucios, sino que el gobierno legisle protegiendo los derechos fundamentales de las personas.

¡Dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social!

Los juzgados madrileños y delegación de Gobierno, a instancias de Bankia, han requerido esta mañana una quincena de furgones de la policía antidisturbios para ejecutar el desahucio de una nueva familia en Carabanchel. Se trataba del segundo intento de desalojo y en esta ocasión el grupo de solidarios movilizados a través de la PAH y la Asamblea del 15M del distrito no ha podido frenar la acción de la comisión judicial encargada del lanzamiento. Como resultado, Luciano Chancusig, camionero en paro, se ha quedado con sus tres hijos y su compañera en la calle. La PAH considera inaceptable que un nuevo hogar sea expulsado de su única vivienda mientras Bankia acumula decenas de miles de casas vacías. Y que, además, para su desalojo, se haya puesto a disposición de la antigua caja de ahorros un contingente enorme de fuerza pública, generando miedo y alarma social en el barrio.

El próximo lunes, a unos pocos metros de la vivienda desahuciada esta mañana, en el número 5 de la calle Santiago Cuende, Bankia tratará de tomar posesión de otro inmueble, una casa en la que residen Hayat y su niña, así como otras tres personas. Para impedirlo, la PAH y la activa Asamblea de Carabanchel han convocado una nueva acción de paralización que arrancará a las 7h30 ante el domicilio amenazado.

Como miles de personas de este país, Hayat, de origen marroquí, tuvo que venirse a Madrid cuando el paro empezó ser un gran problema y comenzó a vivir con su familia más cercana. Al cabo de un tiempo se enteraron de que la casa en la que residían, por la que pagaban un alquiler, estaba embargada. El propietario, que les tenía sin contrato, se ha desentendido completamente de la vivienda y el juzgado les ha entregado una orden de ejecución de desahucio para este próximo lunes. El caso es extremadamente grave ya que la familia no tiene ningún tipo de alternativa habitacional y están subsistiendo tan solo con la pensión de la madre de Hayat (350 euros).

Doblemente escandaloso es que el IVIMA les haya denegado un alquiler social por no llevar 10 años empadronados en Madrid y que Bankia no haya tenido en ningún momento intención de posibilitar que la familia pueda mantenerse en el domicilio, negociando por ejemplo un alquiler social del que puedan hacerse cargo.

Por ello, la PAH y la asamblea de Carabanchel solicitan que Bankia paralice completamente cualquier intento de desahucio hasta que Hayat y su familia tengan una alternativa habitacional, al mismo tiempo que demandan al IVIMA y a las administraciones competentes que cumplan con su labor istencial y que no permitan en ningún caso que familias enteras se queden en la calle y en riesgo de exclusión social.

Artículo publicado en Diagonal

Fotogalería del desahucio (Fotogracción)

Gladys Martínez López (Redacción)

Encierro en el IVIMA

Poco después del intento de Stopdesahucios en Carabanchel, seis personas, dos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y cuatro afectadas, han mantenido un encierro de varias horas en la sede del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que prosigue desahuciando a numerosas familias. El encierro ha acabado con un acuerdo de reunión con el director del Ivima. De no prosperar las negociaciones, una de las afectadas, con cinco hijos, será expulsada el próximo jueves de su vivienda de Leganés. “El Ivima quiere quitarles las viviendas como sea, reformarlas y venderlas porque necesita dinero y lo están privatizando. Están desahuciando a gente en situación de exclusión social”, denunciaba a este medio Tatiana Roeva, de la PAH, presente en el encierro.

Por fin! Tras innumerables e injustificables retrasos por parte de la Mesa del Congreso, este miércoles 18 de abril daremos el pistoletazo de salida a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, la paralización de los desahucios y por el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre para recoger un mínimo de 500.000 firmas. Pero estamos seguras/os de que podemos recoger muchas más!

Hay múltiples formas de colaborar: desde firmar, hasta hacerse fedatario/a para recoger firmas, pasando por organizar charlas y acciones informativas en tu localidad… Infórmate en tu PAH más cercana, clika aquí!

CONVOCATORIA

EMPIEZA LA ILP PARA LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA, LA PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y EL ALQUILER SOCIAL

Rueda de prensa de la Comisión Promotora el próximo miércoles, 18 de abril, a las 11h, en el CCCB

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social ofrecerá el próximo miércoles, 18 de abril, una rueda de prensa para anunciar el inicio de la recogida de firmas necesarias para presentar la propuesta de ley al Congreso de los Diputados.

Intervendrán en la rueda de prensa:

• Joan Carles Gallego (CCOO de Catalunya)
• Joan Martínez (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya – CONFAVC)
• Vanesa Valiño (Observatori DESC)
• Ada Colau (Plataforma de Afectados por las Hipotecas – PAH)
• Àngels Guiteras (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)
• Josep M. Àlvarez (UGT de Catalunya).

También intervendrán en la rueda de prensa personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, de las 350.000 que se han producido en el Estado español entre 2007 y 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

A continuación os reproducimos el artículo que The Wall Stree Journal ha publicado sobre los desahucios en España en el que aparece la PAH.

Pressure on Spain Builds as Bonds Face Key Auction

Madrid Warns It May Seize Local Finances; Bond Yields Surpass High in December

MADRID—Spain warned Monday it could seize control of finances in regional governments as the country struggles to cut its budget deficit, one of Europe’s largest, and shore up investor confidence.

The country faces an important test Tuesday during a planned auction of 12-month and 18-month treasury bills, with longer-term government bonds set for sale Thursday. Spain suffered weak demand at an earlier bond sale this month, followed by a sustained selloff of its debt in secondary markets.

Borrowing costs have surged to four-month highs in past days because of concerns over Spain’s ailing finances and economy.

Madrid’s reach for greater authority over the budgets of regional governments will be welcomed in Berlin and other parts of Northern Europe, where officials view further belt-tightening as the best prescription for the continent’s debt troubles. Germany has led calls for further austerity amid a domestic backlash against the bailouts for Greece and other troubled euro-zone countries.

Spain has committed to reducing a budget deficit that stood at 8.5% of gross domestic product in 2011 to 5.3% in 2012, which would be the largest reduction of any euro-zone country this year. Opponents of deep spending cuts argue slashing budgets in countries such as Spain, where the economy is in decline, will worsen matters.

Spain has become an important testing ground for Europe’s austerity strategy. A failure risks undermining not only Spain’s economy, but the euro as well, some economists warn.

The yield on Spain’s 10-year government bond closed Monday 0.121 percentage point higher at 6.029%, surpassing 6% for the first time since December, when the European Central Bank started offering loans to banks. Banks used much of €1 trillion ($1.3 trillion) received in three-year loans to buy government debt.

Prime Minister Mariano Rajoy presented a 2012 budget last month with €27 billion worth of spending cuts and tax hikes. Some investors worry it won’t rein in regional governments, which account for about one-third of public spending in Spain and make up the bulk of the 2011 budget overrun.

Spain’s regions, which provide such social services as health and education, enjoy a large degree of autonomy but are largely financed by taxes collected by the central government.

Legislation, expected to become law by the end of April, would allow Madrid to make automatic spending cuts in regions that breach budget targets, as well as give the central government power to take over regional finances. A government official Monday said Madrid could move to take control of one or more regions in the coming months.

Mr. Rajoy, who came to power at the end of last year, told business leaders Monday the country has lost the trust of financial markets. He asked for more time to see the results of deep budget cuts, a labor market overhaul and a new plan to clean up Spain’s ailing banks.

“Nobody can expect that deep-seated problems be solved in just a few weeks,” Mr. Rajoy said.

Spain’s economy, which started to contract at the end 2011, is now forecast by the government to shrink by 1.7% this year. The new downturn comes two years after the last one, marking Spain’s first double-dip recession in decades. The government predicts unemployment will hit 24.3% this year, close to a 20-year high. Some analysts predict worse.

Spain’s public-sector retrenchment comes as households and businesses reduce debts accumulated in a decadelong housing boom. Euro membership means Spain can’t devalue its currency to spur exports, and though banks have used ECB loans to buy government debt, many analysts say direct purchases of debt by the ECB, as in the U.S. or the U.K., are necessary to shore up the euro zone’s fiscally frail sovereigns.

Analysts say the labor market reform Mr. Rajoy’s government approved last month will likely increase pressure on the economy. The overhaul has been hailed as one of Spain’s most serious attempts to fix a dysfunctional labor market by lowering high dismissal costs and lifting restrictions on wages and hours.

In the long-run, it is expected to boost productivity and stimulate new jobs. In the short-term, given the deteriorating economy, it could prompt ailing companies to shed more workers.

“There is a risk that, in the absence of offsetting stimulus through macro policy…structural reforms will make things worse in the short-term, however beneficial in the long-term,” said Simon Tilford, chief economist at the London-based Centre for European Reform.

He and other economists warn aggressive budget cuts and structural reforms, without offsetting economic or monetary stimulus, can send a country into a downward spiral that make debts difficult to pay.

“We’ve seen a plan where austerity doesn’t achieve its desired result, we had that in Greece, and it seems that all are determined to rerun the same plan,” said David Miller, a partner at Cheviot Asset Management in London. “Austerity, when linked to a gathering recession and very high unemployment, is going to lead to lower tax receipts.”

Antonio Arrogante, a 58-year-old high-school math teacher in Toledo, said deep wage cuts for public sector employees over the past two years were “taking the joy out of life.” He said his income has been effectively reduced with combined cuts from Spain’s central government and the regional government of Castilla-La Mancha.

Mr. Arrogante has a son attending a university and has guaranteed the mortgage of his 32-year-old daughter. He said he and his wife, a nurse, are cutting way back on other expenses. They have canceled their cable-TV subscription, along with Friday night restaurant dinners and weekend trips. He said he gave up a pack-a-day cigarette habit for his health—and a monthly savings of €120.

“The government’s budget cuts lead to less consumer spending, which just leads to more unemployment,” he said.

Unions in late March led their first nationwide strike against the policies of Mr. Rajoy, shutting down factories, slowing public transportation and drawing hundreds of thousands of people to evening marches across Spain.

Eugenio García, a 64-year-old retiree at the demonstration in downtown Madrid, said he had come to protest the government’s policies. “Without a doubt they will bring more unemployment and more strikes,” Mr. García said, adding he has two adult sons living with him because they can’t find jobs.

Mr. Rajoy’s conservative Popular Party failed to win control of Andalusia, the country’s most populous region, in recent elections framed as a referendum on Mr. Rajoy’s austerity push. The Popular Party won but failed to clinch the parliamentary majority needed to ensure it could govern. The incumbent Socialists will likely form a coalition government with the United Left bloc to maintain control there.

Mr. Rajoy is aware of the political and economic risks that accompany Spain’s austerity push. In a speech in Andalusia shortly after last month’s elections, he told Popular Party members that “Spain’s situation is certainly very difficult, and it’s even more difficult when you see that measures that are being taken don’t have an effect in the short-term, neither in nor outside of Spain.”

Mr. Rajoy still has a large parliamentary majority that should allow him to push through his program, thanks to his landslide victory in last November’s national elections, Opinion polls give him high approval ratings, despite demonstrations and last month’s strike.

Walking down a street littered with trash, beer bottles and the remnants from a small fire where protesters had gathered in downtown Madrid, Juan Luis Núñez said he was heading into work at the Health Ministry. “I agree with the government’s measures,” the 57-year-old civil servant said, “they are necessary in this situation.”

Others aren’t so forgiving. Francisco Requena, who lives with his wife and 12-year-old daughter in Barcelona, said the manufacturer of industrial cabling where he worked told its 95 employees it was shutting down and laying them off on Feb. 10, the same day the government presented the labor-market reform that makes such mass dismissals cheaper and faster. “I think they knew it was coming,” Mr. Requena said.