Esta mañana, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, con el apoyo de personas de las asambleas populares del 15-M, ha conseguido frenar un nuevo desahucio en la localidad de Chinchón. Gracias a la solidaridad entre iguales, Lidia Jiménez y su familia pueden dormir hoy en su vivienda, la única que tienen.
A las 8h30, una quincena de personas se ha concentrado ante el acceso principal de la casa, que está situada en el kilómetro 14 de la carretera M-313, entre los pueblos de Morata de Tajuña y Titulcia, con la idea de impedir, de forma pacífica, la llegada de la comisión judicial encargada de hacer efectivo el lanzamiento de desahucio. Nada hacía prever entonces un desenlace exitoso para la familia, ya que una amplia dotación de agentes de la Guardia Civil, compuesta por medio centenar de agentes, rodearon enseguida a los concentrados. Mientras esto sucedía, y los agentes requerían la filiación a todos los concentrados, la afectada, Lidia, con un abogado de la PAH, trataban de negociar in extremis con el banco y el juzgado un aplazamiento del lanzamiento. Finalmente, antes de que esto sucediera, los agentes se han retirado de la finca, para alegría de la familia y los concentrados. Lidia tiene ahora hasta el 10 de octubre para negociar un nuevo plan de pagos con la Caja Rural de Toledo o un nuevo crédito. Aunque el margen es estrecho, sabe que gracias a la solidaridad puede conseguirlo.
Lidia, que tiene fibromialgia y enfermedad diversicular, ambas diagnosticadas y por las que recibe tratamiento, compró hace siete años junto a su ex marido, la casa amenazada por un importe de 150.000 euros aproximadamente. Tal y como ella misma relata, “cuando se dejó de pagar por temas de salud y con ingresos más bajos, se habló con el director de la sucursal de Caja Rural de Toledo en Morata de Tajuña y el jefe de zona, proponiéndoles varias cosas a las que se negó; sólo querían más avales con nómina y nada de ampliaciones de la hipoteca, ni cuotas más fáciles de pagar hasta resolver la situación económica, que es lo que nosotros pedíamos”. “Pusieron la demanda de ejecución hipotecaria en 2007- continúa-, después de dejar de pagar tres letras, mientras que nos decían que no había nada en el juzgado y seguían negociando. El 25 de enero de 2010 me llama el director para que le entregue las llaves de la casa y desde ese momento hasta hoy hemos tratado de demostrar que nunca nos avisaron en nada (a la vivienda no llega Correos) y nada está firmado por nosotros”. Por último, concluye, “se ofreció el pasado mes de abril un pago de 60.000 euros y negociar el resto, pero ellos querían el total del préstamo más gastos, unos 180.000 euros aproximadamente”. “ Con nuestra abogada reclamamos la revisión del caso porque ha habido clara indefensión, pero no ha servido para nada: el juzgado alega que la comunicación se ha realizado por edicto cuando la ley dice claramente que hay que agotar todas las posibilidades para notificar al deudor, máxime, cuando en nuestro caso uno de los titulares, mi ex marido, es funcionario y siempre está localizado”.
Lidia denuncia también haber sufrido acoso telefónico para que entregue las llaves de su vivienda, que se ha producido la subasta de esta sin dar la posibilidad de llevar un tercer comprador y, en definitiva, que la el objetivo de la caja era quedarse con la vivienda.
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