La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas del 15-M redoblarán sus esfuerzos mañana para paralizar dos desahucios de familias humildes en los barrios capitalinos de Canillejas y Tetuán. En principio iban a ser tres los Stop Desahucios de mañana, pero a primera hora de la tarde de hoy, tras una dura y larga negociación, Jorge de la Cruz, vecino de Aluche con tres hijos menores, ha llegado a un acuerdo con el banco Santander para permanecer en su vivienda con un contrato de alquiler de 500 euros. Una nueva pequeña victoria que demuestra el valor y la importancia de la solidaridad y la presión social. Solidaridad como que viven estos momentos Mónica Ramos y Javier Narváez con sus vecinos y vecinas de Canillejas o Teresa Cabrera en el barrio de Tetuán. Las asambleas populares de San Blas y Tetuán (15M), junto a la PAH y las asociaciones vecinales, defenderán mañana sus hogares ante sendas amenazas de desahucio. Como viene siendo habitual, esperarán la llegada de las comisiones judiciales ante los portales de las viviendas para bloquear su misión. El Stop Desahucio de Canillejas arrancará a las 9h ante el número 3 de la calle Castalia mientras el de Tetuán lo hará dos horas después en la calle Berruguete, 5.
Al igual que sucedió con el caso de otra familia hipotecada de Villaverde Alto la semana pasada, donde fue crucial la intervención de la directora del colegio de los hijos de Ronale para aplazar su desahucio, la comunidad educativa del CEIP Marqués de Suanzes, en el que estudian los dos pequeños de Mónica y Javier (de 13 y 3 años de edad) se está movilizando para frenar su desalojo. Encabezados por el director del centro, mañana se sumarán a otros solidarios para impedir que Bankia tome posesión de una vivienda que se quedó por el 50% de su valor de tasación en una subasta judicial desierta. Mónica y Javier tuvieron que dejar de pagar las letras de su piso cuando sus cuotas subieron hasta cifras imposibles. Nunca han dejado de trabajar, pero llegó un momento en que la suma de sus salarios no era suficiente para cubrir los 1.650€ de la mensualidad. De hecho, sus sueldos no superan actualmente los 1.400€ mensuales. Como tantos otros deudores de buena fe, la familia solicitó en dos ocasiones una refinanciación de su hipoteca y después la dación en pago de su vivienda. Pero la antigua caja de ahorros pública tenía claros sus planes: hacerse con el inmueble y seguir cobrando una deuda que hoy asciende a 150.000€.
En el número 5 de la calle Berruguete vive una compatriota de esta pareja, Teresa Cabrera. Su caso es particularmente grave, ya que padece una incapacidad permanente que le impide trabajar y tiene una hija menor de edad. Teresa llegó a Madrid procedente de Ecuador en el año 2000, con cuatro hijos a su cargo. Comenzó trabajando en el servicio doméstico y cuidando niños hasta que pudo obtener el permiso de residencia y convalidar sus estudios de Auxiliar de Enfermería. Entonces, los comerciales de una sucursal de Tecnocasa situada junto a su casa comenzaron a presionarla para que dejase de “tirar el dinero” pagando un alquiler e invirtiese en una vivienda, ofreciéndole una hipoteca con una cuota mensual inferior. Aunque sus ingresos no eran suficientes para garantizar el préstamo, la inmobiliaria y la entidad bancaria le convencieron para incluir a un copropietario y dos avalistas en la operación. En menos de un mes, Bankia concedió a Teresa un préstamo de más de 250.000€ sin reparar en las dificultades que podría tener en un futuro para hacer frente a la deuda.
Teresa pagó puntualmente las cuotas hasta que una grave operación pulmonar le obligó a solicitar una baja laboral por enfermedad. Desde entonces, su situación de salud no ha mejorado, habiéndosele reconocido una incapacidad permanente para desarrollar su trabajo. Con los ingresos procedentes de su pensión, Teresa tuvo que afrontar el cuidado de sus hijos y una letra mensual que no dejaba de ascender, pasando súbitamente de 800 a 1890€.
Cuando comenzó a tener problemas para pagar su deuda, Teresa acudió a la sucursal de Bankia a solicitar la dación en pago, convencida de que su única alternativa consistía en regresar a su país tras diez años trabajando en España. La directora de la sucursal no sólo se negó a recoger su solicitud, sino que la insultó y humilló con expresiones racistas, asegurando que estaba “harta de las mentiras de los inmigrantes”, a los que acusó de cambiar constantemente de opinión. El estado de salud de Teresa ha empeorado y, hace unos días, tuvo que ser ingresada en el hospital a raíz de una crisis derivada de su enfermedad pulmonar de la que aún no se ha recuperado. Teresa solicita a Bankia que condone una deuda que debía haber quedado saldada con la entrega de su casa y que se aplace su desahucio hasta que recupere mínimamente su estado de salud. La Asamblea Popular de Tetuán, que se ha volcado con su vecina desde que tuvo conocimiento de su situación, en sintonía con la PAH, considera inadmisible que una entidad que ha sido rescatada con dinero público se niegue a negociar con una afectada que se ve incapacitada para afrontar su deuda debido a problemas de salud. Teresa no podrá volver a ejercer su profesión y tan sólo demanda una oportunidad para regresar a su país libre de cargas.
Según datos del CGPJ, en el primer semestre de 2011 se ejecutaron una media de 40 desahucios cada día en Madrid. Sin embargo, las entidades financieras siguen negándose sistemáticamente a negociar una posible solución con los afectados, incluso en aquellos casos que presentan un carácter crítico por motivos familiares o de salud.
El Gobierno rescata a la banca con nuestros impuestos ¿quién nos rescata a nosotros? La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Dación en pago y alquiler social ya!
