El Código de buenas prácticas de la Banca no frena los desahucios

El código de buenas prácticas de la banca que entró en vigor el pasado 9 de marzo por un Decreto Ley, al que se han adherido posteriormente buena parte de las entidades bancarias españolas, afecta solo a las familias cuyos miembros están todos en el paro, cuando el importe de las cuotas de su hipoteca es superior al 60% de sus ingresos y cuando el precio de la vivienda no supera los 200.000 euros en ciudades como Madrid, que superan el millón de habitantes o los 150.000 euros en municipios como Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares… Para el Gobierno, una familia de cuatro miembros en la que uno de ellos trabaje por un salario de, pongamos 400 euros, no es una familia en riesgo de exclusión social. Tampoco lo sería si careciera de ingreso alguno pero su avalista trabaja y tiene ingresos superiores al 60% de la cuota o si dispone de una vivienda propia. La aprobación del decreto no ha logrado disminuir y, mucho menos, frenar el número de familias deudoras de buena fe que se quedan literalmente en la calle sin alternativa habitacional, con unos ingresos pírricos que, la mayoría de las veces, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos de subsistencia. Para colmo, son castigadas por las entidades bancarias a hacer frente a deudas astronómicas que les condenan definitivamente a la exclusión social. Es el caso de las siete familias cuyos desahucios intentaremos detener la semana que viene:

CARABANCHEL: lunes 26 de marzo a las 7,30h. Avda. Abrantes, 91.

Luciano y sus tres hijos pueden quedarse en la calle sin alternativa habitacional Animado por las perspectivas de empleo y con la ilusión de comprar un piso, Luciano decidió contratar una hipoteca a través de la inmobiliaria Eurofincas en 2005. Como la de muchas personas, su situación empeora con el estallido de la crisis. Se queda sin trabajo y más adelante, y agotada su prestación por desempleo, ya no puede hacer frente a su hipoteca, cuyas cuotas mensuales fueron subiendo a cantidades de las cuales nunca le informaron en la inmobiliaria. Ahora Bankia ha subastado su casa y se ha quedado con su vivienda, de la cual quiere desahuciarle, dejándole en la calle el próximo 26 de marzo de 2012, con una deuda para toda la vida. Luciano ha intentado renegociar la deuda con Bankia, pidiendo un alquiler social, pero el banco nunca le ha dado una respuesta, negándole así cualquier posibilidad que no sea echarle de su casa, y con una deuda para toda su vida. Únete a la lucha, es justa. Paremos a la banca que ve en el drama personal de Luciano otra oportunidad de hacer “buenos negocios”.

VILLAVERDE ALTO: Martes 27 de marzo. 11h. Avenida Espinela 8.

Víctor y Silvia, con 5 hijos y cuyos ingresos no superan los 450€ tampoco se pueden acoger al código de buenas prácticas por superar el crédito los 200.000 euros. La vivienda adquirida ha sido declarada por el propio Ayuntamiento, inhabitable El caso de la familia de Víctor Ekene y Silvia Rieno demuestra el escasísimo alcance del decreto del Gobierno sobre el Código de Buenas Prácticas de la banca ante el problema de los hipotecados. A pesar de no disponer de más de 450€ ingresos mensuales y de tener cinco hijos, todos menores, la pareja no podrá recurrir a la tan cacareada recomendación gubernamental pues su casa ya ha sido subastada y pertenece a la entidad que cursó la hipoteca, Novacaixagalicia. Pero aunque no se diera este hecho tampoco podría, pues el crédito concedido supera los 200.000€ y un miembro del hogar, Víctor, tiene un empleo: hace unos meses comenzó a trabajar a media jornada en el Metro de Madrid. Con los 450€ que gana al mes, Víctor no solo no puede pagar la letra de su hipoteca sino tampoco mantener con sus propios medios a sus hijos, de edades comprendidas entre los 13 años y los 8 meses. Por ello, se ve obligado a aceptar la ayuda en alimentos que le brinda la Parroquia Nuestra Señora de Europa, iglesia donde uno de sus hijos participa como monaguillo. Pero estas circunstancias no parecen haber hecho mella aún en Novacaixagalicia, que sigue empeñada en expulsar de su única vivienda a esta familia numerosa de Villaverde Alto. De hecho, si no lo impedimos, el próximo martes 17 de septiembre, tratará de llevar a efecto su desahucio, dejando al hogar en la calle y con una deuda que puede convertirse en vitalicia. Con objeto de echar abajo los planes de la entidad financiera, que recordemos fue portada de los periódicos hace unos meses por las indemnizaciones millonarias que percibieron tres de sus ejecutivos, la Asamblea Popular de Villaverde y la PAH han convocado un acto de desobediencia ante la vivienda amenazada, en el número 8 de la Avenida Espinela, que comenzará a las 11h. Arropados por sus vecinos y vecinas, Víctor y Silvia y un abogado de la PAH esperarán la llegada de la comisión judicial. Además, les acompañará la directora del colegio Vedruna, en el que cursan estudios algunos de sus hijos, y tal vez varias profesoras. Pedirán a los funcionarios de justicia la suspensión o el aplazamiento del desalojo. En esta lucha por lograr la condonación de su deuda y un alquiler social, la familia no solo tiene el apoyo de este centro educativo sino también del otro colegio al que van los más pequeños, el Nuestra Señora de la Luz, amén de la citada parroquia. El caso de este trabajador de la construcción de origen nigeriano y de su esposa, española, es especialmente grave porque viven en un piso que el propio Ayuntamiento de Madrid ha declarado inhabitable, una circunstancia que el banco ha decidido ignorar. Adquirieron la vivienda con una reforma inconclusa pero con el compromiso de que esta iba a ser finalizada, una promesa que nunca se llevó a efecto. Víctor y Silvia se sienten estafados y pisoteados. Pero no están solos. Su lucha, nuestra lucha, es una batalla por la dignidad humana. ¡Paremos una nueva injusticia! ¡Ninguna familia sin techo! ¡Stop Desahucios! ¡Junt*s podemos!

VILLAVERDE: martes 27 de marzo a las 10h. C/ Paterna, 13.

Ester y Fernando, ambos en paro, pueden quedarse en la calle con dos hijos El distrito de Villaverde es, de todos los de la capital el que menor renta per cápita tiene y uno de los que mayores índices de paro registra. Miles de familias de este distrito sufren en carnes propias el castigo de una crisis económica que castiga a las clases más desfavorecidas. Es el caso de Fernando y de Ester, dos trabajadores que perdieron sus empleo y, en la actualidad, susbsisten gracias a sus susbsidios. Pero por poco tiempo: la vigencia del subsidio de Ester expira en junio, dentro de tres meses y el de Fernando, que se agotará también dentro de 8 meses, apenas alcanza para mantener a sus dos hijos, de 16 y de 5 años. La familia compró una vivienda en este emblemático barrio con una hipoteca de 170.000 euros que les concedió la sucursal del banco Halifax situada en la calle Serrano 90. La entidad, que se fusionó con Lloyds Bank en septiembre de 2008, adquirió la vivienda familiar por 135.000 euros y ahora les reclama una deuda de ¡200.000 euros!

SAN BLAS: miércoles 28 de marzo a las 8,30h. C/ Abrantes, 2.

Patricia, con dos pequeños y sin ingresos, tiene una hipoteca que supera los 200.000 euros, por lo que no puede acogerse al código de buenas prácticas El pasado 15 de febrero, varias decenas de personas abortaron el propósito del banco que dirige Rodrigo Rato de expulsar de su vivienda a una nueva familia de San Blas. A iniciativa de la asamblea del 15-M del distrito, las asociaciones vecinales y la PAH, el vecindario de Las Rosas, tras manifestarse por el barrio, logró ese día un aplazamiento del desahucio de Patricia Tapia y sus dos pequeños, que viven en el número 2 de la calle Argenta, hasta el próximo miércoles 28 de marzo. Esa jornada, si las negociaciones con Bankia siguen sin dar sus frutos, los ciudadanos y ciudadanas volverán a defender el derecho de esta familia humilde a mantener su techo. La asamblea del 15-M y la PAH han convocado una acción de protesta que comenzará a las 8h30 ante la casa amenazada. Desde que se conoció el caso en San Blas, este hogar no ha cesado de recibir muestras de apoyo: las últimas provienen de la escuela infantil Hiedra, donde se encuentran los hijos de Patricia, que tienen tres años y un año de edad. La dirección del centro sostiene la petición de mínimos realizada por la afectada de aplazar el lanzamiento hasta que finalice el curso escolar. En realidad, con objeto de evitar la marginación social, lo que ella pide es la condonación de la deuda y la permanencia en la vivienda con un contrato de alquiler asequible. En estos momentos, Patricia, de 28 años, después de percibir una ayuda al desempleo de seis meses, carece de ingreso alguno. Con su casa subastada y una hipoteca de más de 200.000€, esta familia no puede acogerse al mísero Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno de Rajoy. Como le ha sucedido a decenas de miles de personas en España, esta joven tuvo que dejar de pagar las letras de su piso cuando ella y su compañero se quedaron sin empleo, en 2008. La empresa de mensajería en la que trabajaba decidió no renovar su contrato cuando se quedó embarazada de su segundo hijo. Dos años antes, Caja Madrid (hoy Bankia), que no ha querido en ningún momento tramitar la petición de dación en pago realizada hasta en tres ocasiones por Patricia, les había concedido una hipoteca de 285.000€. Patricia y sus dos pequeños, que ya no viven con el padre, no tienen otro hogar que el de San Blas. Bankia, que se quedó con su piso por el 50% de su valor en una subasta que resultó desierta, no solo le reclama hoy el inmueble sino también una deuda de unos 294.000€ (que incluye los intereses de demora y las costas judiciales), lo que, sin duda, condenará a la familia a la exclusión social. T

Miércoles 28 de marzo a las 9h en la C/Puerto de los Leones de Torrejón de Ardoz

El miércoles 28 de marzo, Bankia quiere desahuciar a Herbert, a su mujer y sus dos hijos, de 2 y 4 años. Si no lo impedimos, ese día Herbert y su familia se quedarán en la calle. Esta familia estuvo pagando su hipoteca hasta que la crisis económica causada por los propios bancos, llevó a Herbert al desempleo y a no poder hacer frente a las mensualidades. Bankia se niega a negociar y a dar una solución que no sea el desalojo de la vivienda, ya que no quieren hacerse cargo de un problema que ellos mismos han generado. Lo más grave, es que aún quedándose con la casa, Bankia todavía sigue reclamando una deuda cercana a los 130.000, condenando a una familia a la exclusión social de por vida.

LAVAPIÉS: Miércoles 28 de marzo a las 9.30h. C/ Fray Ceferino González, 12. Lavapiés.

Dos familias con 5 niños y sin alternativa habitacional serán expulsadas de su vivienda, de 40 m2 Uddin y Hafiz compraron hace tres años un piso de 40 m2 que el banco tasó en nada menos que en 248.000 euros, donde viven, muy modestamente junto a sus familias. Hace unos meses, Hafiz perdió su empleo, y Uddin, al que tras bajarle el sueldo gana poco más de 1.000 euros por su trabajo como camarero en un restaurante, no pudo afrontar él solo el pago de las cuotas hipotecarias impuestas por el banco, que ascendían a 1.500 euros al mes. El banco se quedó con la casa por 151.000 €, el 60% del precio que según sus tasadores valía, reclamándoles una deuda pendiente de 235.000 € entre el capital pendiente de la hipoteca, intereses, costas, etc, casi la misma cantidad que le concedió por la hipoteca. Un negocio redondo que convertirá a estas dos familias en sus esclavas de por vida. Todos los intentos realizados para abrir una negociación con Banesto han sido en vano hasta el momento, negándose incluso a mantener una reunión.

PUEBLO NUEVO: viernes 30 de marzo a las 8h en la calle Virgen de Lluc, 106.

Una familia con dos niños, afectada de estafa inmobiliaria, se puede quedar en la calle Cientos de personas, inmigrantes en su mayoría, han sido víctimas de contratos hipotecarios con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares. Son las llamadas “hipotecas basura”. Detrás se encuentran entidades como la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI),cuyo gerente, Enrique Caño, fue detenido el pasado 24 de noviembre por orden del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid por un presunto delito de estafa tras la denuncia presentada por varias familias afectadas con ayuda de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE). Tal y como han declarado las familias que hasta el momento han presentado denuncias, el acusado, a través de la CHI y de otras cuatro oficinas con nombres similares, conseguía créditos para personas con escasa solvencia económica mediante una trama de avales cruzados, de manera que los hipotecados se avalaban unos a otros sin que muchas veces se conociesen entre sí. Cerraba sus operaciones con entidades como Caja España y lo hacía con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de riesgo del Banco de España. Al menos Caja España tenía pleno conocimiento del modus operandi de Caño, prescriptor de la entidad bancaria, de la cual percibía dinero en pago de las hipotecas negociadas. En estos meses, el abogado de las familias estafadas, Rafael Mayoral, ha pedido la paralización de la ejecución de sus desahucios en aplicación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a proteger a los perjudicados por el delito penal, una petición que ha sido rechazada tanto por el Juzgado de Instrucción como por la Audiencia Provincial. En consecuencia y, si nadie lo impide, una de las familias víctima del entramado será desahuciada el próximo 30 de marzo. Se trata de una familia de origen ecuatoriano que vive en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal) con dos hijos menores. La familia consiguió una hipoteca de Caja España a través de CHI por valor de 222.000 euros. La letra, inicialmente establecida en 800 euros, alcanzó los 1.420 euros, una cantidad que superaba con mucho los ingresos familiares. Caja España ordenó el procedimiento de desahucio y se quedó con la vivienda hace unos meses.